veintena de escuelas públicas de Córdoba hicieron florecer también, la perversa relación que el mundo adulto mantiene con los estudiantes, al tiempo en que exhibieron la mediocridad de funcionarios que sólo concentraron sus energías “pensando” por qué grieta entrarle al conflicto a fin de desarmarlo en lugar de abordarlo de manera seria y sistémica. Nada parece que hayan asimilado viendo cómodamente desde La Docta la similar situación que afronta desde hace tiempo el “escuchante” Mauricio Macri en las escuelas porteñas. Días les costó asumir a nuestra gestión provincial que el Carbó se cae a pedazos y que, por ejemplo, los pibes (y los padres) fueron ninguneados -salvo admirables excepciones- en la jornada de debate de la futura nueva ley de educación provincial realizada en todos los establecimientos de la provincia hace algunas semanas.Como sociedad tenemos una inmejorable oportunidad de aprender de este conflicto, en especial aquellos que venimos participando mediante diferentes “ejercicios ciudadanos” de la vida comunitaria. Ejercitar la ciudadanía, es decir ocuparse de los asuntos públicos asumiendo que participar es un hecho político y como tal supeditado a una idea de Estado -responsable del acceso a los derechos humanos de sus ciudadanos- es tan saludable como comer sano y caminar 3 veces por semana. Democratizar la experiencia escolar, educativa y política para transformarnos en la convivencia es un camino urgente que, entre otras cosas, implica escuchar a los adolescentes.Por eso es desconcertante verlo al ex referente gremial y hoy Ministro de Educación Provincial Walter Grahovac, aquel que perdiera varios kilos en el histórico ayuno de los docentes en la recordada Carpa Blanca de la Dignidad (1997), aludir a supuestos sectores partidarios que estarían tras los jóvenes o recurrir a las faltas como arma para desactivar la admirable organización juvenil inter escolar. “Hoy somos todos docentes” fue la síntesis de aquel acampe en plena Plaza de Mayo, palabras que tenían un claro destinatario: el modelo neoliberal que saqueaba el sistema educativo bajo el habilitante gobierno menemista. Muchos adherimos a aquel reclamo que pareció interminable.
Hoy, en otra situación, con un contexto que implica reconocer y celebrar avances significativos (Ley de Educación Nacional, 6 % del PBI a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, rango de Secretaría de Estado para la Unidad de Planeamiento Educativo, Ley de Educación Técnica, obligatoriedad del nivel medio, etc.) aún persiste una cuestión de fondo que debemos ratificar una y otra vez, y que en parte implica desandar el camino consumista que nos empujó a buscar sólo el éxito individual en medio de la selva del Dios Mercado. Tiene que ver con que el Estado es el único garante colectivo de nuestros derechos, entre ellos el de educarse. Ya constatamos, entre otras cosas, que no hay “derrame económico” que nos iguale en oportunidades educativas, culturales y recreativas. Y que menos Estado es más exclusión.
Si aceptamos y acordamos colectivamente esto, tenemos -en jerga educativa- “el teórico” aprobado. Aprobar “el práctico” demanda inevitablemente validar la palabra de los pibes y asumir que es mucho más cómodo y fácil “zafar de año” que jugarse a tomar una escuela desde un reclamo considerado justo. El derecho a expresarse no es tal si no hace visible toda su fuerza en un ejercicio práctico. Y la participación es sólo “lema educativo” si no se muestran con reveladora nitidez los espacios para hacerla verbo. “Un derecho precisa de un verbo para materializarse” define con precisión el pedagogo Estanislao Antelo. Ningunearlos (“o querer sacarlos a patadas en el culo”) es violatorio de un derecho humano al igual que un modo de gestión política que se sabe en donde termina: hoy somos todos estudiantes.
